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Se analiza la presunta elaboración de denuncias criminales ficticias, su registro en SPOA, la expedición de certificados de no recuperación y trámites para evitar la chatarrización. 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veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016).\nASUNTO\nResuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal 11 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Unidad Nacional  para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, en contra de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Barranquilla el 4 de marzo de 2015, por medio de la cual negó la solicitud de preclusión de la investigación en favor de Miguel Garrido Vecino, por el delito de prevaricato por acción.\nANTECEDENTES\nEntre los meses de agosto a noviembre de 2010, en la sede de la Sala de Denuncias de la SAU, en el Archivo Central de las Fiscalías Seccionales y en la Fiscalía Local del municipio de Santo Tomás (Atlántico), se elaboraron varias noticias criminales ficticias, presentadas por ciudadanos inexistentes cuyas cédulas y nombres no corresponden con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con las cuales se ponía en conocimiento el presunto hurto de automotores de servicio público de modelo antiguo, algunos de ellos en concurso con lesiones personales producidas a sus conductores, pese a lo cual nunca fueron atendidos en centro hospitalario ni se les realizó reconocimiento en medicina legal.\nLas mencionadas denuncias fueron registradas en el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación, sin que hubieran sido asignadas a ningún despacho, elaborado el correspondiente programa metodológico, abierto las respectivas carpetas, ni fueron reportadas a la Policía Judicial para su registro y adelantamiento de actos urgentes tendientes a la recuperación de los vehículos.\nNo obstante lo anterior, con fundamento en dichas denuncias la Fiscalía Local de Santo Tomás expidió certificado de no recuperación de los vehículos, documentos con los cuales se tramitó ante la Secretaría de Movilidad de Barranquilla la expedición de certificados de cancelación de las respectivas matrículas para gestionar con los cupos la reposición para nuevos vehículos de servicio público, y de esta manera evitar la chatarrización.\nConforme con las diligencias de investigación adelantadas, se logró establecer que en la ejecución de tales hechos están involucrados los servidores de la Fiscalía General de la Nación Julio Castro Manga, asistente de Fiscal IV que laboraba en la sede del archivo central de Barranquilla; Mariela Irene Movilla Arroyo, asistente de Fiscal II en la SAU de la misma ciudad; José Ramón Díaz Granados Bolaños, asistente de Fiscal II en la Fiscalía Local del municipio de Santo Tomás (Atlántico); Carlos Mario Caballero Mercado, quien pese a que para la época de los hechos ya había concluido su judicatura como auxiliar ad honorem en la Fiscalía Local de Santo Tomás, seguía cumpliendo funciones allí; y Miguel Garrido Vecino, Fiscal Local de Santo Tomás.\nDe igual manera se estableció la participación de algunos tramitadores de tránsito, quienes fueron procesados en actuación separada, donde algunos aceptaron cargos y otros suscribieron preacuerdo con la Fiscalía.\nCon ocasión del presente trámite el Fiscal 11 Delegado ante el Tribunal Superior formuló cargos contra Julio Darío Castro Manga, Mariela Irene Movilla Arroyo, José Ramón Díaz Granados Bolaños, Carlos Mario Caballero Mercado y Miguel Garrido Vecino por los delitos de prevaricato por acción, concierto para delinquir, falsedad en documento público agravado por el uso en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal, de modo que en ese sentido presentó escrito de acusación y la correspondiente diligencia de formulación de la misma se desarrolló en varias sesiones los días 10 de diciembre de 2013, 5 de febrero, 18 de marzo y 17 de junio todos de 2014.\nEn el curso de la correspondiente audiencia, la Sala de Decisión Penal, por unanimidad, asumió el conocimiento del asunto exclusivamente resp","cbCaiuNDKcFEEPJB","https://ap.wps.com/l/cbCaiuNDKcFEEPJB","doc",63655,19,"Spanish","# Asunto\n## Recurso de apelación y decisión impugnada\n# Antecedentes\n## Denuncias criminales ficticias y registro en SPOA\n## Certificados de no recuperación y trámites de cancelación\n## Participantes y actuaciones procesales\n# Formulación de cargos y audiencia\n## Cargos por delitos y sesiones de formulación\n## Ruptura de la unidad procesal por fuero legal\n# Solicitud de preclusión\n## Causales invocadas y sustento del fiscal\n## Argumentación sobre prevaricato por acción","[{\"question\":\"Qué recurso resuelve la Corte en este caso?\",\"answer\":\"La Corte resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal 11 Delegado contra la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla que negó la preclusión en favor de Miguel Garrido Vecino.\"},{\"question\":\"Cuál fue la base fáctica que motivó la investigación?\",\"answer\":\"Se elaboraron noticias criminales ficticias con supuestos ciudadanos inexistentes, registradas en SPOA, que pretendían denunciar hurto de automotores y lesiones, sin atender a las presuntas víctimas ni activar 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